La ley que enfrenta a diputados y empresarios de Guatemala
Por Karla Gutiérrez/Soy502.com
El Congreso ha retomado una iniciativa de ley que se presentó hace seis años, pero genera dudas en el sector empresarial.
La iniciativa que propone la promoción de alimentación saludable en Guatemala avanza en el Congreso de la República y podría convertirse en ley en un corto plazo.
Esta propuesta, que data de 2018, pretende implementar sellos de advertencia nutricional al frente del empaque de diferentes productos preenvasados. El propósito sería que los consumidores sepan si lo que están por adquirir puede ser dañino para su salud.
En ese sentido, de acuerdo con los componentes de cada producto y los criterios que se establecerían en la misma normativa, tendrían que incluir las siguientes alertas:
Además, el proyecto establece que debajo de los sellos se tendría que imprimir el texto: «El consumo alto de estos nutrientes es dañino para la Según Jairo Flores, ponente del proyecto y presidente del Frente Parlamentario contra el Hambre, el objetivo no es que las personas ya no consuman los productos; sino que los adquieran conscientes de su contenido.salud».
Sellos tendrían costo
Otro aspecto que destaca en la iniciativa, es que dependiendo de cada sello de advertencia en el empaque, el fabricante, productor o importador deberá cancelar un porcentaje del costo de producción o importación.
Lo recaudado se destinaría para que el Ministerio de Salud atienda enfermedades no transmisibles, como diabetes y problemas renales, entre otros rubros.
Este es el detalle:
De acuerdo con el proyecto, la cartera en mención podría modificar cada cinco años tales porcentajes, después de la correspondiente revisión.
Las sanciones
Las empresas que incumplieran con las disposiciones serían sancionadas con multas que van desde los 20 hasta los 300 salarios mínimos, lo cual equivaldría a un rango de entre Q72,691 a poco más de Q1 millón.
Entre las infracciones contempladas, figuran la falta de veracidad o exclusión de sellos y falta total de advertencias.
La propuesta contiene una prohibición para la publicidad de los alimentos con cuatro o más sellos dirigidos a menores de edad. También plantea una restricción para que se ofrezcan juguetes, entradas para eventos, viajes o ropa para promover el consumo de los productos con advertencias.
Si se violaran tales normas, también se aplicaría una multa, que destaca entre las más altas.
Otro tema que se regularía en la ley, de ser aprobada, es la elaboración de guías alimentarias para adultos y niños, así como la garantía de la disponibilidad de frutas y verduras en los establecimientos educativos, incluidas las universidades, e instituciones relacionadas con salud.
Alertan por impacto a la economía
Tras conocerse el avance de la iniciativa en el Congreso, distintas entidades a las cuales aplicaría la normativa se han pronunciado y han destacado puntos «críticos» de la propuesta.
Una de ellas es la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB), cuyo director, Enrique Lacs, se refirió al impacto que tendría la tasa impositiva por la cantidad los sellos de advertencia. En su opinión, esto repercutiría en el precio final de los productos.
«Esto lo que va a hacer es encarecer el producto, porque la tasa impositiva se calcula, según la ley, por el costo de producción o importación. Aunque, realmente, no es algo que se comprende bien, porque no está claro (en la iniciativa)», manifestó el empresario.
Como ejemplo, indicó que una pequeña empresa de alimentos y bebidas, tendría que erogar entre Q500 mil y Q600 mil para tener etiquetas con los sellos correspondientes.
«Este es un cálculo preliminar, basado en esa normativa, que no está bien desarrollada, y es algo que indudablemente se va a trasladar al consumidor», expresó.
Por otra parte, destacó las «elevadas multas» que se proponen y que, a su criterio, podrían llevar a la quiebra a un negocio pequeño o mediano, «sin contar que tendrían que hacerse etiquetas para distintos mercados».
Lacs mencionó que esto se debe a que muchos alimentos y bebidas que se producen en Guatemala se comercializan en países donde no hay una normativa al respecto o los sellos de advertencia tienen características diferentes a las que se sugieren en el proyecto que está en discusión.
«No es la solución»
Otro asunto que, a decir de Lacs, debe reconsiderarse es la tabla que se tomaría como base para calificar que un producto tiene exceso de azúcar, grasa o sodio. De acuerdo con el entrevistado, las mediciones contenidas en la iniciativa no responden a las condiciones de vida de la población guatemalteca.
«La etiqueta negra es la peor forma de informar al consumidor lo que contiene un alimento», afirmó, y añadió que «hay otras formas de hacerlo con propiedad, para que el consumidor pueda estar consciente de cuánto come de determinados ingredientes».
La contrapropuesta que se ha hecho desde 2020 es adoptar sellos que indiquen en gramos la cantidad de nutrientes que hay en cada porción del producto y el porcentaje que representa, con base en el consumo diario recomendado, dijo.
El empresario también recordó que el tema de los sellos de advertencia se ha aplicado en otros países de Latinoamérica «y no ha funcionado». «Experiencias como las que ha tenido Chile, por ejemplo, es una muestra de que los índices de obesidad no se mueven (con esa medida)», agregó.
Piden mesas técnicas
En una línea similar se pronunció la Federación de Cámaras del Istmo Centroamericano (Fecamco), que externó su «fuerte preocupación» por la aprobación de la ley.
A criterio de la entidad, las disposiciones que contiene el proyecto desalentarían «la producción y el comercio formal de un sector que genera un alto porcentaje de empleos en toda la región».
La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham) también dio a conocer su postura y coincidió con la CGAB y Fecamco en que la propuesta que ya avanzó en el Congreso debe volverse a analizar.
Por medio de un comunicado, la entidad citó por lo menos tres aspectos que deben considerarse antes de aprobar la normativa:
Los tres entes que se han pronunciado hasta ahora han hecho ver la trascendencia de establecer una mesa técnica, con la participación de los sectores involucrados, para crear una ley adecuada.
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